Mucho ha llovido desde
que Gabriel Almond y Sidney Verba, eminentes y prolíferos politólogos
estadounidenses, escribieran en 1963 The
Civic Culture: Political Attitudes
and Democracy in Five Nations, obra en la cual analizaban la
cultura política dentro de los sistemas sociales. En su primera edición, justo
en plena década de los sesenta y adentrados en el auge de la Guerra Fría, ambos
autores realizaron un estudio comparado entre los sistemas de cinco
Estados-Nación, con el objetivo de distinguir entre los considerados como
totalitarios y los democráticos. Entre otros indicadores, asumieron la
capacidad de participación, toma de decisiones y conocimiento políticos de los
ciudadanos. Sus conclusiones fueron que el totalitarismo era característico de
sociedades donde el Estado era altamente regulador y el modelo socioproductivo
subdesarrollado; mientras que los
sistemas democráticos se caracterizaban por la existencia de un Estado con
menor capacidad de control social y se evidenciaba una elevada
industrialización.
Años después, en una reedición
de la obra a inicios de la década de los ochenta, ambos criticaron sus consideraciones iniciales
e indicaron que si bien el grado de industrialización, el modelo
socioproductivo y el eficiencia reguladora del Estado seguían resultando
variables válidas, no eran suficientes para considerar un sistema político
democrático o totalitario, pues la cultura democrática no es un ejercicio que
se pueda restringir al carácter positivista de la ley y las normas jurídicas o
al grado de desarrollo tecnológico de una sociedad, sino que en gran medida
depende de la construcción de valores, principios, prácticas sociales, procesos
de socialización, consciencia colectiva y construcción de consensos. En otras palabras, si bien la primera
dimensión de la democracia está en la constitucionalidad del derecho dentro de
un contexto sistémico, este no garantiza por sí solo que la sociedad sea
democrática de modo automático, pues las leyes, las normas jurídicas y las
reglas cívicas funcionan en base al interés del grupo, estrato o clase social dominante,
y por tanto es menos probable que todas las ideas, posiciones ideológicas
puedan coincidir en sus percepciones sobre el deber ser de la democracia, lo
que sugiere además que indicadores como capacidad de participación e influencia
en la toma de decisiones estén mediados también por la interpretación de la
democracia que se ajusta a los intereses reproductivos del estrato o clase
social que predomina.
Tal y como sucede con
la última moda tecnológica del cine; los fenómenos sociales y políticos deben
observarse desde un enfoque multidimensional, porque en la medida que nos
parcializamos con un criterio y lo subordinamos a una mirada unilateral de la
realidad, perdemos calidad en las texturas valorativas, imprescindibles para
comprender la profundidad de los dilemas relacionados con la construcción de la
democracia. Llegado a este momento nos encontramos una segunda dimensión, tal
dimensión nos muestra la importancia del consenso para establecer los
principios y normas de la convivencia ciudadana, y en ese mismo sentido, nos
remitimos a David Easton, quien en su evolución teórica entiende que el
problema no radica necesariamente en las características del subsistemas de
partidos, la filosofía del Estado, o el modelo socioproductivo, sino en la existencia
de un contrato social que concentre y maximice los intereses comunes de una
sociedad y disminuye las tendencias de la confrontación y el desbalance
sistémico. Una comunidad sociocultural sin consenso es propensa a las rupturas
abruptas y la disfuncionalidad, entonces el valor del mismo se vuelve
fundamental para lograr el equilibrio, las cuotas de gobernabilidad,
legitimidad y estabilidad que precisan las estructuras gubernamentales y la
sociedad civil.
Pero aún nos quedamos
en la epidermis del fenómeno, porque si bien la construcción de la democracia
precisa del consenso, no todos los consensos propician la democracia. Ello
sugiere que sea imprescindible apropiarnos como sujetos sociales y de
pensamiento crítico de la tercera dimensión: la democracia como cultura y
filosofía de existencia. Una sociedad puede permitir el derecho a la libertad
de expresión, la libertad de asociación, pero contradictoriamente existir al interior
de la misma un consenso de valores contra las preferencias homosexuales, contra
los grupos étnicos diferentes, contra la igualdad de género, contra estratos
que profesan una religiosidad distinta a la socialmente dominante, y por tanto
no ser una sociedad genuinamente democrática, pues la conciencia colectiva esta
mediada por una conducta social autoritaria, tanto en sus lógicas de
reproducción cívica como política. Esta última reflexión nos remite al análisis
de la cualidad del consenso, porque en gran medida los basamentos éticos y
estéticos del mismo condicionan el desarrollo de los procesos de socialización,
participación y educación, y por tanto la posibilidad de construcción de la
democracia como fenómeno cultural.
En tal sentido, la
apropiación de la democracia como cultura implica la capacidad del saber dialogar sin estar sujetos a las
predeterminaciones de los prejuicios históricos, sin tener que percibir una
amenaza recurrente en la idea de nuestro semejante por simplemente ser
contraria a nuestros preceptos, y sin tener que agredir el criterio ajeno para
legitimar el propio. La noción cultural de la democracia indica la no
subordinación a los regímenes de verdad, puesto que la verdad, aunque tenga
basamentos objetivos, no deja de ser más que un ideal y una representación
deontológica de lo que creemos y suponemos como correcto e irrefutable. Como
regla no escrita, suele concentrarse en el reduccionismo político la
divergencia del pensamiento, sin comprenderse que tal capacidad es más que nada
parte consustancial de las potencialidades de la razón y de las percepciones
que se formulan los sujetos para explicarse el mundo en su amplia expresión,
desde diferentes creencias, enfoques y perspectivas que no necesariamente
tienen que reducirse a la política como actividad social.
El siglo XXI de lo cubano
es una excelente oportunidad para apropiarnos de estas premisas, sobre todo
cuando aún se observan espacios de intolerancia como el evidenciado en los últimos
días contra el concierto de Buena Fe en Miami, respetar el derecho de que cada
quien exprese su criterio u opinión es esencial para que la cultura democrática
logre madurez, porque es inconsecuente exigir derechos que no somos capaces de
entregar, ni de respetar. Pero esto no sólo debe ser una lección para las comunidades
de ultramar, sino también para muchos burócratas que en Cuba no asumen las críticas
e imponen sus opiniones como si fueran dueños de la verdad, y reaccionan sin
siquiera establecer una reflexión coherente ante una consideración divergente,
expertos en usar catalejos con los que el meñique del pie no se les ve. En
conclusión, son simples ideas que pueden sugerir un buen debate, el cual puede
ser un motivo afortunado para ejercitar una cultura democrática.